Es un documento administrativo que avala el cumplimiento de unas condiciones mínimas, que prevé la normativa vigente, para que una vivienda pueda ser habitada. Esto quiere decir que, según la ubicación, la superficie útil, el número de habitaciones, la distribución de las estancias y el umbral máximo de ocupación (cuántas personas podrían habitar la vivienda), un técnico cualificado determinará si tu propiedad es apta o no para ser destinada al uso residencial de personas. Aunque no suelen ser requisitos demasiado exigentes, es obligatorio contar con este documento para dar de alta servicios básicos, así como para vender o alquilar un inmueble.
