Muface: ¿cómo funciona la sanidad privada de los funcionarios?

• Muface es el organismo público encargado de prestar asistencia sanitaria a los funcionarios
• El 78% de los funcionarios civiles y el 90% de los militares prefiere la sanidad privada frente a público

La Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado (MUFACE) es el organismo público encargado de prestar asistencia sanitaria y social al colectivo de funcionarios adscritos desde su fundación en 1975. Hasta la fecha, esta mutualidad se encarga de gestionar el sistema de mutuas de los funcionarios civiles del Estado, los funcionarios pensionistas y familiares, protegiendo a un total de 1,5 millones de personas, aproximadamente. 

Se trata de funcionarios que trabajan en los ministerios de la Administración General del Estado. Esto incluye también a funcionarios de cuerpos específicos, como los diplomáticos y los inspectores de Hacienda. También cubre a algunos trabajadores públicos de comunidades autónomas, sobre todo a docentes, de educación primaria, secundaria y universitaria. 

En paralelo al convenio de Muface se va a publicar también el de otras dos mutualidades: el Instituto Social de las Fuerzas Armadas y la Mutualidad General Judicial. Entre las tres mutualidades suman 2,14 millones de beneficiarios de este régimen de colaboración público-privada. 

¿Cómo funciona la sanidad privada para los funcionarios?

Cada año, el empleado público escoge si quiere tener sanidad pública o privada y, en el segundo caso, qué compañía privada quiere que le atienda. De media, el 78% elige privada. En el caso de los militares el porcentaje llega al 90%. 

Estas mutuas no son al azar, sino que cada dos o tres años se publica un concurso en el que las compañías de seguros de salud pueden presentarse. Como contraprestación, las mutualidades abonan a las entidades concertadas una prima por persona protegida. En el último convenio, el pago medio fue de 984 euros al año por beneficiario. De acuerdo con cálculos de la Fundación IDIS, vinculadas a las aseguradoras, el coste por ciudadano en el sistema público es de 1.608 euros. 

Aunque ahora solo hay tres compañías (Adeslas, Asisa y DKV), antes participaron otras como Sanitas, Caser o el Igualatorio de Cantabria, pero decidieron salir de este concierto al considerar que les generaba muchas pérdidas. 

¿Dónde radica el origen del problema?

La polémica viene porque el último concierto tiene su fecha fin el próximo 31 de diciembre y las compañías que lo forman, Adeslas, Asisa y DKV, no estarían conformes con las condiciones económicas del nuevo acuerdo que propone el Gobierno para los próximos años 2025-2026. Tanto es así, que han comunicado que no acudirán a la nueva licitación ya que consideran que las condiciones económicas que plantea el Gobierno son «totalmente insuficientes». 

Esas condiciones propuestas suponen una subida de la prima del 14% para los próximos dos años. Una cifra bastante inferior a la subida del 24% que había deslizado Muface en los últimos días y se aleja del incremento del 40% que pedían las aseguradoras. Esto, según alegan, les haría perder unos 200 millones de euros cada año. 

La batalla entre ambas partes es puramente monetaria. El Gobierno ha propuesto una subida del 13,5% el primer año y del 0,5% el segundo año, lo que dejaría el pago anual por beneficiario en 1.117 euros. Una subida que, para las actuales aseguradoras, es totalmente insuficiente, tal y como hemos señalado. Esto es algo que abalan los datos. En el concurso de 2021 se pactó un aumento total del 10%, lo que suponía un desembolso presupuestado de 3.521 millones de euros, una cifra que ha sido insuficiente para cubrir los datos, según exponen las compañías.  

Sin embargo, el Gobierno argumenta su posición afirmando que el déficit público ya es muy grande y que Hacienda no ve margen para un incremento mayor. 

Propuesta de las aseguradoras

Por su parte, la propuesta de las aseguradoras es una subida de las primas de un 33% en 2025 y otro 5% en 2026. Un 38% en total. Las aseguradoras han contratado a consultoras y a profesores universitarios para que emitan análisis que certifiquen esta infrafinanciación, pero por ahora no hay receptividad por parte del Ejecutivo. 

La Alianza de la Sanidad Privada Española (ASPE) se pone del lado de las aseguradoras y critica la oferta del Gobierno, señalando que busca «de forma deliberada» que la responsabilidad del fin del modelo recaiga en el sector sanitario privado. Además, señala que el fin del modelo Muface y la migración de 1,5 millones de funcionarios al régimen general de la sanidad pública «está firmado en los despachos del Gobierno de coalición». 

Para la patronal de la sanidad privada, si el nuevo acuerdo para el bienio 2025-2026 no implica un incremento de la prima «significativo, desaparecería el modelo mutualista de forma radical a partir del 1 de enero de 2025». 

En mitad de los dos bandos se encuentran los sindicatos, que se muestran muy preocupados por la falta de entendimiento entre las aseguradoras y el Gobierno. CSIF ha señalado en un comunicado su inquietud ante la amenaza de Asisa, Adeslas y DKV de retirarse del concierto y, recuerda, este debería estar cerrado en el mes de octubre para garantizar la continuidad de la asistencia sanitaria desde el arranque del año 2025. 

Además, advierte de que la calidad de la atención sanitaria a los funcionarios «no puede estar comprometida por la falta de inversión del Gobierno», por lo que ha pedido adecuar la prima para que se pueda prestar el servicio sanitario sin los recortes del último concierto. 

Entre los motivos que se dan para el incremento de los costes se debe a la inflación, que lleva dos años en crecida. «Desde la pandemia ha aumentado mucho el cuidado de la salud, y hemos notado un fuerte aumento de la frecuencia en el recurso de la atención médica», apuntan desde Adeslas. 

¿Qué va a pasar con el seguro de los funcionarios?

En el caso de que el concierto se quede vacante, a partir del 1 de enero de 2025 todos estos funcionarios pasarían al sistema público de salud. Esto añadiría 1,5 millones de personas más al sistema sanitario público, lo que podría generar un impacto significativo en las listas de espera. Por su parte, los gobiernos regionales podrían optar por firmar acuerdo con hospitales y centros sanitarios directamente. También existe la posibilidad de que lancen sus propios conciertos de salud con aseguradoras. 

Según aseguró ASPE, el concierto de Muface ahorra al Estado más de 890 millones de euros al año, mientras que su desaparición supondría en la sanidad pública un impacto económico de más de 1.000 millones por el hecho de tener que absorber a los mutualistas. 

En este caso, los funcionarios podrían mantener el servicio de sus médicos habituales, para lo que habría que suscribir un seguro privado con la compañía o pagar directamente la prestación. La otra vía es pasar a formar parte de la sanidad pública, posibilidad que existe siempre y que convive con la de elegir una aseguradora. 

Pero esto no solo afecta a los funcionarios. También están muy pendientes de las condiciones de renovación de los convenios los médicos privados, clínicas y demás proveedores de atención sanitaria, que llevan años aguantando presión por parte de las aseguradoras. De hecho, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, ha recibido un aluvión de quejas de médicos por la presión sobre las tarifas que sufren desde las aseguradoras. 

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